Nueva York, 17 ago (EFE News).- Un grupo de abogados de imigración en Nueva Jersey ha demandado a la Administración del presidente Donald Trump por exigir audiencias de deportación en persona, una medida que alegan les expone a ellos y a sus clientes a la COVID-19, un litigio en que está previsto que el Gobierno dé sus argumentos a un juez federal el 3 de septiembre.
El capítulo de Nueva Jersey de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (NJ-AILA) demandó al Gobierno federal de Estados Unidos con miras en que un juez prohíba las audiencias de deportación para los no detenidos que el Departamento de Justicia exige se realicen en persona en la corte de inmigración en la ciudad de Newark.
“Lo que estamos pidiendo es que las audiencias se realicen por televídeo, como otras cortes que han reabierto en Nueva Jersey”, dijo a Efe el abogado César Estela, miembro de NJ-AILA, quien destacó que ese tribunal de inmigración para los no detenidos está equipado con la tecnología necesaria para llevar a cabo el procedimiento a distancia, como ha hecho en otras ocasiones.
Estela, que nació en Perú, recordó que la ley especifica que las audiencias de deportación tienen que ser en persona o por vídeo.
“En todas las cortes en Nueva Jersey, estatales, municipales, federales, (las audiencias) se hacen por videochat y no se explica por qué están haciendo esto cuando sus propios oficiales no quieren presentarse”, dijo el abogado, refiriéndose a que los fiscales que llevan estos casos de deportación no atienden en persona las audiencias.
“Este caso trata acerca de los esfuerzos del Gobierno para obligar a los abogados de inmigración a arriesgar su salud, la de su familia y las comunidades, forzándoles a comparecer en persona para procesos en la corte de inmigración de Newark en medio de una pandemia global”, señala la demanda, presentada el 31 de julio. Asegura además que se trata de una acción del Gobierno “caprichosa y arbitraria en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo”.
La demanda también dice al tribunal federal de Newark, que acogerá la apertura de argumentos del caso el próximo 3 de septiembre, que a los abogados se les han rechazado las mociones que pedían el aplazamiento de las audiencias de deportación por temor a contagiarse con el virus en la corte. La Administración Trump deberá responder ese día al juez federal por qué exige las audiencias en persona.
Los abogados también aseguran que los jueces les han amenazado con acciones disciplinarias bajo las reglas de conducta profesional si no acuden en persona.
El pasado marzo, cuando se decretó la pandemia, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), encargada de regular las cortes de inmigración, suspendió las audiencias en persona pero las restauró a mediados de junio en varios tribunales, incluido el de Newark, sin consultar a abogados ni organizaciones.
Estela indicó que esta corte de inmigración está en un edificio donde hay otras agencias federales, incluida la Fiscalía que lleva estos casos, así como la agencia que se encarga de las deportaciones, y que todas están cerradas.
“Los fiscales de inmigración se presentan por vídeo porque les da miedo ir al edificio a enfermarse. El edificio tiene una puerta inmensa de entrada y ahí se aglomeran 100 o 200 personas cada hora para entrar, los elevadores son pequeños y no son ventilados, las salas de la corte son bien pequeñas”, argumentó sobre las condiciones que enfrentan abogados, clientes y empleados del tribunal.
Algunos jueces no se están presentando tampoco, comentó.
Estela insistió a Efe en que la alternativa que tienen para no presentarse a corte es que se realice la audiencia por teléfono.
Asimismo, afirmó, el Gobierno exige que el inmigrante firme un documento renunciando a algunos derechos, entre ellos el de objetar la evidencia que se presente en su contra, “y eso es absurdo, deja de ser una corte”.
“Un abogado no va a firmar una renuncia que le impida ser abogado. Ellos han creado este problema forzando a abrir (la corte) cuando ellos mismos (la Fiscalía) no se están presentando”, argumentó el abogado. Explicó que los fiscales, que tendrían que estar en la audiencia de deportación, están pidiendo a los jueces que les deje presentarse por teléfono “pero al inmigrante y a su abogado les están haciendo tomar esa decisión”.
“Si el Gobierno presenta una evidencia de por qué le quieren deportar (al cliente), un abogado tiene que refutar eso”, explicó el letrado, que describió la situación como: “Ven a pelear tu caso o firma esta renuncia y lo hacemos por teléfono. Es absurdo, es una locura y eso nos ha forzado a presentar esta demanda”.
“Ningún abogado va a firmar esa renuncia porque es muy arriesgado y pierdes el caso. O, vas a la corte, ganas tu caso, pero te enfermas y te mueres en dos meses”, sostuvo.
Una audiencia en televideo les permite ver al fiscal y al juez, presentar documentos virtualmente y objetar la evidencia del Gobierno: “La decisión de reabrir y no brindar la oportunidad de presentarse por televídeo es en contra de la ley”, puntualizó.
