Washington, 26 ago (EFE News).- El censo de este año en Estados Unidos se lleva a cabo en condiciones “enormemente difíciles” y complicadas por el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de identificar a los inmigrantes indocumentados para excluirlos de las distribuciones de representación política y fondos federales, dijeron este miércoles expertos.
El censo de población se lleva a cabo en EEUU cada diez años por mandato constitucional, y sus resultados sirven por una década para la asignación de representación de los estados en el Congreso federal y el Colegio Electoral, y la distribución de miles de millones de dólares para escuelas, hospitales, infraestructura y programas sociales.
El impacto que tendría el “no contar a 10 u 11 millones de inmigrantes indocumentados es dramático pero va más allá, ya que podrían ser excluidos no sólo estos inmigrantes sino también ciudadanos estadounidenses”, dijo en una teleconferencia de prensa Jennifer Van Hook, profesora de Sociología y Demografía en la Universidad de Pennsylvania y académica en el Instituto de Política de Migración.
Sobre la base de datos de ejercicios anteriores el Instituto ha calculado que hasta 20 millones de ciudadanos estadounidenses podrían ser calificados, incorrectamente, como inmigrantes indocumentados.
Como resultado de tales errores, ciudades y estados podrían perder representación política y fondos federales si no se tiene en cuenta su población real empadronada, y se descuentan las personas consideradas inmigrantes indocumentados.
Van Hook enfatizó que la Oficina del Censo, en el curso del empadronamiento de toda la población, según lo ordena la Constitución, no hace preguntas ni recoge información sobre el estatus inmigratorio de las personas, y la ley prohíbe que esa información sea compartida con otras agencias del gobierno.
Pero en julio el Gobierno de Trump anunció que, aunque se les cuente, los indocumentados no serán tenidos en cuenta cuando llegue el momento de hacer las distribuciones de representación política y de fondos federales.
La idea del Gobierno es utilizar los datos del Censo cotejándolos con la información sobre personas, domicilios, el uso de programas públicos, escuelas y empleos obtenidos por otras agencias, como el Departamento de Seguridad Nacional o el de Vivienda, a fin de determinar la situación migratoria de los empadronados.
Varios estados han iniciado litigios judiciales oponiéndose a esa medida de Trump.
Van Hook sostuvo que ese entrecruzamiento de datos es vulnerable a una variedad de errores por los cuales aún inmigrantes legales y ciudadanos de Estados Unidos puedan ser excluidos.
Por otra parte el Gobierno Trump acortó en un mes los plazos para completar el empadronamiento en un año en el cual la pandemia de COVID-19 afectó el período para respuestas por correo e internet, y para la segunda etapa que consiste en las visitas
Kenneth Prewitt, quien fuera director de la Oficina del Censo entre 1998 y 2001, dijo que esa agencia ha tenido que emprender en uno o dos meses la tarea que normalmente requiere cuatro o cinco meses, y que debido a la pandemia ha habido dificultad para contratar a los miles de personas necesarios para ir a las entrevistas domiciliarias.
“Éste es un censo enormemente difícil”, añadió Prewitt. “Los indocumentados ya de por sí tienen razones por las cuales no quieran ser empadronados, y se sienten vulnerables con este gobierno. Los inmigrantes indocumentados, aún en la mejor de las circunstancias, no quieren que se les cuente, hay un alto nivel de desconfianza hacia el gobierno”.
La meta de la Oficina del Censo es la de empadronar al 99 % de la población, dijo Prewitt, pero Van Hook estimó que, cuando falta poco más de un mes para que termine el proceso, sólo se ha censado poco más del 79 % de la población.
“Tenemos una pandemia, tenemos incendios en California, huracanes en la Costa del Golfo (de México) y éste es uno de los censos más contenciosos de la historia”, señaló Prewitt. “Y no hay respaldo del gobierno acerca de estas circunstancias. COVID-19 está a cargo del censo”.
