Los Ángeles, 26 ago (EFE News).- Un salvadoreño entabló una demanda contra el Departamento del Alguacil del Condado de Orange (OCSD), California, por no cumplir con la leyes santuario del estado y colaborar con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para que lo arrestaran, informaron este miércoles los abogados del inmigrante.
La demanda de Kelvin Hernández Román, presentada el lunes, es en contra el OCSD por facilitar su arresto por el ICE en julio de 2019.
La Clínica de Inmigración de la Universidad de California en Irvine, que representa al inmigrante, advirtió en un comunicado que Hernández Román, residente de Garden Grove y padre de tres niños pequeños, fue detenido por el Departamento de Policía de Tustin mientras conducía, y luego fue llevado a la cárcel del condado de Theo Lacy, que está dirigida por el OCSD.
Aunque no se presentaron cargos en su contra en ese momento, los agentes del OCSD detuvieron al inmigrante mientras esperaban que el ICE lo recogiera.
La querella alega que, al retener al inmigrante, los alguaciles violaron la ley estatal SB 54, que prohíbe a los agentes locales indagar la situación migratoria de un detenido.
“Este es el último de una serie de esfuerzos para responsabilizar al OCSD y al alguacil Don Barnes por su decisión de priorizar su relación con el ICE sobre la protección de la comunidad inmigrante”, señala el comunicado de la Universidad.
Hernández Román pasó nueve meses bajo la custodia del ICE, en el centro de detención de Adelanto, separado de su esposa e hijos. “Esos meses fueron algunos de los momentos más difíciles de mi vida”, dijo el inmigrante en el comunicado.
“Me perdí el nacimiento de mi hijo menor. No podría estar allí para mi esposa o mis hijos mayores”,añadió.
El salvadoreño estuvo detenido mientras la pandemia de COVID-19 golpeó las cárceles de California. Él sufre de asma grave y temía por su salud y su vida en Adelanto, resaltaron los demandantes.
“La Ley de Valores de California buscó generar confianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía local, reconociendo el valioso papel que juegan los inmigrantes en las comunidades de California”, advirtió Mónica Ramírez Almadani, codirectora de la Clínica.
“Estamos decepcionados por lo que le sucedió al señor Hernández Román y esperamos que ningún otro residente del condado de Orange tenga que experimentar lo que él sufrió”, añadió.
La demanda solicita una indemnización por el daño que se le causó al inmigrante, así como el fin de las prácticas del OCSD.
En junio pasado la ciudad californiana de Corona, ubicada en el condado de Orange, acordó pagar 35.000 dólares a un inmigrante mexicano que fue deportado después de que policías de esa localidad violaran las leyes santuario del estado al entregar al indocumentado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
