Tucson (AZ), 22 ene (EFE News).- Un padre indocumentado de origen Guatemalteco presentó una demanda en contra del Gobierno federal por el trauma psicológico que él y su hijo sufren después que fueran víctimas de la política migratoria de separación de familias de la Administración del presidente Donald Trump, se informó este viernes.
La demanda, que busca una compensación monetaria, fue presentada por el Southern Poverty Law Center (SPLC) y las firmas de abogados Covington & Burling y Coppersmith Brockelman en la corte federal en Arizona.
Los demandantes, identificados por los seudónimos de Eliot y Héctor para proteger su identidad, dejaron Guatemala cuando Eliot y su familia recibieron amenazas de muerte, informó SPLC en un comunicado de prensa.
Padre e hijo cruzaron la frontera en mayo del 2018 solicitando asilo político en los Estados Unidos.
En aquel momento la Administración Trump estaba aplicando la conocida como política de “cero tolerancia”, la cual culminó en la separación de miles de familias en la frontera.
A su llegada a la frontera, Eliot fue separado por dos meses de su hijo Héctor, quien entonces tenía 11 años de edad.
El menor fue enviado a un albergue para menores migrantes en Mesa, en Arizona, mientras que el padre fue enviado a centros de detenciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona, Georgia y Texas.
Durante este tiempo el padre ignoró el destino de su hijo y no fue hasta que uno de sus hermanos logró contactarlo que supo dónde se encontraba el menor, con quien difícilmente podía hablar por teléfono diez minutos a la semana.
Tanto el padre como el hijo han sido diagnosticados con Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD, por su sigla en ingles), debido al trauma y el dolor sufrido por la separación familiar.
Héctor sufre de continuas pesadillas y tiene un gran temor de ser separado nuevamente de su padre, y ambos se encuentran actualmente en Nueva York donde siguen su caso de asilo.
“Esta familia continua sufriendo cada día el resultado de la horrible experiencia que tuvieron a manos del Gobierno de los Estados Unidos”, dijo Gillian Gillers, abogado con SPLC en el comunicado.
Indicó que el Gobierno debe de ser responsable de sus acciones y el daño causado a miles de familias que fueron separadas bajo las políticas del presidente Trump.
La pasada administración separó a más de 5.000 familias en la frontera con México como parte de una dura política que buscaba frenar la inmigración indocumentada.
Más de dos años después todavía hay unos 600 menores que todavía no han podido ser reunificados con sus progenitores, de los que las autoridades desconocen su paradero.
De acuerdo a los demandantes, esta política fue “inmoral e ilegal” y tenía el solo objetivo de “causar dolor” a los migrantes para así disuadirles de intentar cruzar la frontera.
El ahora presidente, Joe Biden, prometió durante su campaña trabajar para reunificar a los menores migrantes que aun no han sido reunificados con sus padres.
Un reporte dado a conocer la semana pasada del Departamento de Justicia indicó que la Administración Trump sabía que su política resultaría en la separación de familias, pero aun así siguieron adelante. Info, Prensa Mexicana
