Washington, 26 ene (EFE News).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe mejorar su seguimiento de los casos de migrantes y revisar sus procedimientos dado que desconoce cuál es la situación de las audiencias de alrededor de 630 solicitantes de asilo, informó la Contraloría General (GAO).
El informe de GAO, la agencia investigadora del Congreso, explicó este lunes que los extranjeros detenidos por DHS pueden ser deportados sin una audiencia de inmigración a menos que declaren su intención de solicitar asilo o que expresen su temor de persecución o torturas en su país.
Los funcionarios de DHS tienen competencia para dictaminar si esos temores merecen crédito, y si la determinación es positiva los solicitantes tienen derecho a una audiencia de inmigración que decidirá sus casos.
Entre octubre de 2019 y marzo de 2020 el DHS aplicó programas para acelerar estos trámites en la decisión sobre 5.290 personas de las cuales el 69 % recibieron una determinación negativa, el 23 % recibieron una determinación positiva y el 9 % de los casos se cerró sin decisión.
“Pero las agencias no pudieron dar cuenta de lo ocurrido con 630 de unas 1.210 personas con determinaciones positivas”, según GAO.
El DHS en coordinación con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que es parte del Departamento de Justicia, puso en marcha programas pilotos para la determinación de la validez de las declaraciones de temor, y apuntó a completar el proceso para ciertos individuos dentro de los 75 días desde su detención.
“Para ayudar a que este trámite fuese más expedito, estos individuos permanecieron bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) durante la consideración de sus casos, en lugar de ser transferidos al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)”, señaló el informe.
Entre octubre y diciembre de 2019, el DHS aplicó los programas piloto en el sector de El Paso (Texas) y los extendió a casi todos los otros sectores de la frontera sudoeste de Estados Unidos antes de dejarlos en suspenso en marzo de 2020 debido a la pandemia de la covid-19.
Según la investigación de la GAO, aproximadamente el 20 % de estos extranjeros permaneció bajo custodia de CBP por lo menos siete días; y alrededor del 86 % de estos individuos estuvo detenido al menos 20 días.
“Varios factores afectaron el período bajo custodia de CBP, siendo uno de ellos la capacidad de ICE para coordinar los vuelos de deportación”, indicó la agencia del Congreso.
Los alrededor de 1.220 individuos cuyo temor a la persecución o las torturas recibió una determinación de validez pasaron al trámite de deportación durante el cual tienen derecho legal a solicitar diversas formas de protección, incluido el asilo.
“Sin embargo, en octubre de 2020, DHS y EOIR no pudieron dar cuenta de la situación de estos trámites para unas 630 de estas personas porque el sistema de datos de EOIR no indica que se haya ingresado en el sistema la Notificación de Comparecencia requerida”, explicó el informe.
La GAO, en última instancia, encontró que los funcionarios de DHS y de EOIR no podían determinar si los funcionarios de EOIR habían presentado a EOIR las notificaciones para estos casos, y tampoco podían determinar si el personal de EOIR había recibido las notificaciones pero no las habían ingresado al sistema de datos”.
El informe señala que el gobierno del presidente Joe Biden “ha iniciado una revisión integral de la política y los trámites de inmigración y encara una acumulación de casos atrasados”. Info, Prensa Mexicana
