Homestead (FL), 25 feb (EFE News).- Con signos de frustración y disgusto, grupos de activistas pidieron este jueves al Gobierno de Joe Biden que no siga los pasos de su predecesor, Donald Trump, y desestime la idea de reabrir el centro de detención para menores indocumentados de Homestead, en el sureste de Florida.
Delante de la sede de la municipalidad de esta ciudad, los activistas reconocieron su incredulidad de repetir un pedido hecho dos años atrás, cuando el centro con capacidad para 1.200 menores se convirtió en “un símbolo” de las estrictas políticas migratorias durante el mandato del republicano.
“No es la manera correcta de manejar esta situación”, dijo en rueda de prensa Thomas Kennedy, de United We Dream, la red de jóvenes inmigrantes más grande en EE.UU. y quien sugirió por contra la reunificación de los menores con familiares en el país o su envío a familias de acogida antes que llevarlos a un centro que “parece una base militar”.
Además de informaciones filtradas por la prensa sobre la posible reapertura del polémico centro, ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Miami y uno de los más grandes del país, los activistas señalaron que grupos locales han tenido conocimiento de gestiones hechas para la contratación de personal.
El Departamento de Salud (HHS, en inglés) de EE.UU. no se ha pronunciado oficialmente hasta ahora sobre la reactivación del lugar, que fue cerrado en agosto de 2019 tras una campaña nacional de la que fueron parte aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata, entre ellos la actual vicepresidente Kamala Harris.
Kennedy recordó que en aquel entonces, la senadora por California llegó a referirse al centro como “una violación a los derechos humanos perpetrada por el Gobierno de Estados Unidos” y por ello le pidió ahora la misma oposición desde el “lugar prominente” que tiene en la administración del demócrata Biden.
DENUNCIAS DE NEGLIGENCIA Y ABUSO
Los activistas aludieron a las denuncias hechas antes del cierre de este centro, que llegó a albergar hasta 2.700 menores indocumentados, sobre casos de negligencia, mala conducta y abusos sexuales cometidos contra los niños y niñas ahí recluidos.
Guadalupe de la Cruz, del grupo American Friends Service Committee Florida, recordó un informe de esa organización en el que además se ponía de relieve la exposición a sustancias tóxicas al descubrirse por lo menos 16 fuentes de contaminación a menos de una milla (1,6 kilómetros) de distancia del centro.
Se refirió también a “niveles de ruido no aceptables” a causa de los aviones que despegan y aterrizan en la cercana Base de la Reserva Aérea de Homestead.
La activista lamentó que ninguna de las sugerencias hayan sido escuchadas y se reafirmó en el pedido de que antes de reabrir el sitio se haga un análisis completo del suelo, el agua subterránea y aire en el centro, lo que debe incluir los dormitorios, el área de juegos al aire libre y las carpas.
En declaraciones a Efe, De la Cruz dijo que por cada niño había “una ganancia de más de 700 dólares” que iban para la compañía Caliburn International, la cual se hizo cargo de la gestión del centro cuando Trump lo reabrió en 2018 en respuesta a la severa represión contra los migrantes de su mandato, y que incluyó la separación forzada de miles de niños de sus padres.
Kennedy subrayó que entre los años 2018 y 2019, la firma privada recibió unos 350 millones de dólares de los contribuyentes.
Mariana Martínez, también de American Friends Service Committee Florida, recalcó que “no hay necesidad de reabrir este centro”, en el que incluso, según fueron informados, algunos menores “se perdieron”, y pidió además “transparencia” en el proceso.
Por su parte, Melissa Taveras, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, se preguntó si en medio de una pandemia es el momento de considerar la apertura de un centro que recibió denuncias por hacinamiento.
REFORMA MIGRATORIA O CÁRCELES
Los activistas pidieron que el Partido Demócrata de Florida debe oponerse en bloque al plan de reabrir el centro, y saludaron que algunos funcionarios electos se hayan expresado en contra de la idea, entre ellos la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien pidió al presidente Biden explorar otras opciones.
“Es importante para nuestra comunidad oír directamente de la Administración de Joe Biden en los próximos días sobre los planes en torno a esta instalación mientras trabajan para reunir familias”, señaló el miércoles en un comunicado.
Nikki Fried, la comisionada de Agricultura de Florida, la única demócrata en la administración del gobernador Ron DeSantis, señaló este jueves en un foro virtual que no se necesitaban centros de detención como el de Homestead sino una reforma migratoria.
Por su parte, la congresista federal por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, tras conocerse la apertura esta semana de un centro para menores indocumentados en Carrizo Springs, en Texas, el primero de su tipo durante la actual administración, lamentó que el sistema de inmigración en EE.UU. “se basa en un marco carcelario”.
En el caso de Homestead, De la Cruz hizo hincapié en la falta de un plan de seguridad y evacuación ante un huracán.
“Es una infraestructura vieja y representa una amenaza para la seguridad de los niños”, quienes merecen un “cuidado digno y de calidad”, resaltó.Info, Prensa Meicana
