Atlanta (GA), 18 ago (EFE News).- Las leyes y medidas antiinmigrantes que proliferaron en décadas pasadas, los bajos salarios y la mecanización de la agricultura, entre otros factores, contribuyeron al declive de la población de las zonas rurales del país, que sufren una escasez de trabajadores agrícolas, problema agudizado con la pandemia de covid-19.
Los nuevos datos del Censo 2020, que revelaron una disminución de la población rural, no son una sorpresa para organizaciones y líderes campesinos, que han sido testigos de este fenómeno desde principios de la década de 2000, cuando muchos estados comenzaron a aprobar leyes que ahuyentaron a los trabajadores del campo.
La situación se hizo cada vez más difícil para algunos y, como ha ocurrido en diversos países latinoamericanos, comenzaron a buscar mejor vida en las ciudades, donde también pueden encontrar empleos en otros sectores en los que pueden ganar más, dijeron a Efe asociaciones campesinas y grupos de apoyo.
“En cuanto tienen una oportunidad de irse a trabajar en construcción o en ‘landscaping’ (jardinería) la toman, y creo que tiene mucho que ver con la falta de protección y lo mal pagado que es el trabajo agrícola”, dijo Efe Nezahualcóyotl Xiuhtecutli, coordinador general de la Asociación Campesina de Florida, que aglutina a más de 10.000 trabajadores del campo.
Un análisis del Economic Policy Institute (Instituto de Política Económica) ratifica la tesis de Xiuhtecutli al destacar que los trabajadores agrícolas, considerados “esenciales” en medio de la pandemia para sostener las cadenas de suministro de alimentos, “no han sido recompensados adecuadamente” pues ganaban 14,62 dólares por hora en promedio en 2020, mucho menos que algunos de los “peor pagados” del país.
LEYES QUE ASUSTAN
Para Xiuhtecutli, las leyes antiinmigrantes estatales pudieron haber influido en este fenómeno demográfico porque muchos trabajadores indocumentados se han sentido “aislados y señalados” por las autoridades, y se han mudado a las ciudades porque quizá pasan más inadvertidos.
El líder campesino explica asimismo que posiblemente el Censo no tomó en cuenta a un porcentaje importante de trabajadores agrícolas que no tienen dirección fija o viven en las instalaciones que les proporcionan sus empleadores.
María C. Garza, directora ejecutiva del East Coast Migrant Head Start Project (Proyecto de Ventaja Inicial para Migrantes de la Costa Este, ECMHSP), organización que trabaja con familias de trabajadores agrícolas en una decena de estados, coincide al señalar que las medidas contra los inmigrantes han contribuido al descenso de la población rural.
“Son varias cosas, pero, sin lugar a dudas, la número uno son las leyes migratorias que han venido amenazando a nuestra gente en las últimas décadas. Empezamos hace 20 años con los famosos ‘minutemen’ (organización privada dedicada a vigilar el flujo de indocumentados en la frontera sur), que estaban a lo largo del Río Bravo (Río Grande), y después ya se formó un sentimiento antiinmigrante, que viene siendo un sentimiento contra las comunidades latinas”, manifestó Garza a Efe.
Ante esta situación y las mejoras en algunas economías latinoamericanas, muchos decidieron volver a su países de origen. “Hasta hace unos cuatro o cinco años la inmigración era al revés: había más gente regresando que viniendo para acá, sobre todo de México”, recordó.
Garza sostiene que otros factores que han influido son la mecanización de la agricultura, que ha reducido considerablemente la necesidad de mano de obra, así como las condiciones climáticas, incluyendo sequías e inundaciones, que han impactado algunos estados.
ESCASEZ DE TRABAJADORES
El declive de la población rural ha traído consigo una escasez de trabajadores agrícolas en algunos estados, situación que también se ha agudizado con la pandemia de covid-19.
“La escasez de mano de obra es real. No solamente en las procesadoras de alimentos o en la agricultura, sino también en toda la nación. No sé cómo vamos a resolver eso. Espero que a través de una reforma migratoria integral y humana podamos lograr un cambio positivo, donde los once millones de indocumentados puedan salir de la sombra y ponerse a trabajar sin temor a ser deportados”, manifestó Garza.
Bob Ford, director ejecutivo de la Federación Avícola de Carolina del Norte, reconoció que la industria enfrenta un problema de falta de trabajadores, algo que ha venido ocurriendo desde hace varios años.
“No sabemos qué está pasando. No sabemos la demografía de las personas que se están marchando de estos condados rurales, su edad, en qué trabajaban o si se van porque sus familias se marchan o porque buscan un empleo en el que ganen más”, dijo Ford a Efe al ser consultado sobre los datos del Censo que revelan que la mitad de los 100 condados del estado, sobre todo los rurales, perdieron población.
De acuerdo con un análisis de Stateline -medio financiado por la organización sin fines de lucro The Pew Charitable Trusts- con los datos del Censo de 2020, las áreas rurales perdieron 226.000 personas en los últimos 10 años. Info, Prensa Mexicana
