Nueva York, 12 feb (EFE News).- Una coalición de 16 fiscales se ha unido a la lucha de la Administración del presidente Joe Biden con miras a que continúe en efecto la orden ejecutiva que detuvo las deportaciones por 100 días, pero que posteriormente fue bloqueada por un tribunal de Texas.
Los fiscales alegan en el documento legal, presentado en el Tribunal ara el Distrito Sur de Texas, que un acuerdo de Texas con la administración anterior del presidente Donald Trum al final de su mandato, “es ilegal”.
Esta acción, vista por muchos como una traba para que el actual gobierno no pueda aplicar sus políticas migratorias, requiere que el Gobierno dé, por escrito y con 180 días de antelación, un aviso a los estados con argumentos y explicaciones detalladas que sustenten los cambios en la política migratoria.
Pero la coalición de fiscales alegan que este pacto de última hora entre el pasado gobierno y varios estados presenta graves problemas relacionados con la aplicación de la inmigración federal en Nueva York y los otros estados “amigos”, que albergan una parte significativa de los 10,5 millones de inmigrantes indocumentados que se estima hay en el país.
El primer día de su gobierno, el 20 de enero, Biden emitió una orden ejecutiva deteniendo las deportaciones por 100 días, con algunas excepciones, en lo que se revisaban las políticas puestas en marcha por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) bajo la Administración Trump.
Texas acudió al tribunal contra esa orden alegando que violaba el acuerdo con la agencia federal y un juez emitió una orden de restricción temporal solicitada y posteriormente la amplió hasta el próximo día 23 de febrero.
“Ese acuerdo de última hora de la Administración Trump y el estado de Texas no es más que un esfuerzo de última hora del expresidente para atar a todos los demás estados de la nación mientras simultáneamente castiga a los inmigrantes”, indicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
De acuerdo con la coalición, la petición de Texas de que se aplique en todo el país dicho acuerdo “no sólo entra en conflicto con la ley federal, sino que también socava la soberanía de sus estados hermanos”.
Entre sus argumentos al tribunal, alegan además que el acuerdo no fue ejecutado válidamente por el DHS, ya que fue firmado en nombre del gobierno federal por Ken Cuccinelli, quien, en ese momento, era el segundo al mando del DHS de manera interina.
La coalición de estados considera que Cuccinelli estaba actuando ilegalmente como funcionario de alto nivel, tal y como han determinado varios tribunales y la Contraloría General (GAO), que estimaron que el funcionario fue designado de forma inválida por el presidente Trump y no calificaba para ocupar su cargo.
“Por lo tanto, la ejecución de Cuccinelli del acuerdo con Texas aquí excede la autoridad legal y no tiene fuerza ni efecto”, aseguran los fiscales generales. Info, Prensa Mexicana