Washington, 30 sep (EFE News).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cierra este miércoles el período fiscal 2020 con 21 inmigrantes muertos bajo su custodia, su peor año desde hace 15 años debido a la incidencia del coronavirus en sus centros de detención, denuncian activistas.
ICE concluye hoy el período fiscal 2020 con más de 19.791 hombres, mujeres y niños en sus centros de detención, menos de la mitad de los casi 46.000 que tenían en enero pasado después de que debido a la pandemia de la COVID-19 se redujeran las capturas y se deportara y liberara a miles de indocumentados.
Pero la de cifra de muertos supera con creces los ocho fallecimientos en el período fiscal 2019, y es la más alta desde los 21 decesos registrados en el año fiscal de 2005.
Los datos de ICE indican que ocho de las personas fallecidas bajo su custodia murieron tras ser contagiados de la COVID-19.
“Muchas de estas muertes fueron evitables, innecesarias y resultado directo de la negativa del gobierno de (el presidente Donald) Trump a tomar medidas básicas para proteger la salud de los detenidos”, dijo John Sandweg, exdirector de ICE durante el Gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017).
En el comienzo mismo del periodo fiscal, el 1 de octubre de 2019, Nebane Abienwi, de 37 años de edad, oriundo de Camerún, casado y con tres hijos, murió tras un derrame cerebral. Abienwi había ingresado a EE.UU. desde México el 5 de septiembre y estaba recluido en el centro de detención de Otay Mesa.
La muerte más reciente, según ICE, ocurrió el 26 de septiembre cuando Romien Jally, de 56 años y oriundo de las Islas Marshall falleció por complicaciones de la COVID-19 en el hospital Christus St. Frances Cabrini de Alexandria, Louisiana.
Los datos que relacionan esa población cautiva y la pandemia de COVID-19 dan otra dimensión del número de detenidos: según ICE hasta el 25 de septiembre se había efectuado la prueba de detección del virus a 42.366 personas, de las cuales 6.168 resultaron positivos. actualmente 582 detenidos están lidiando con el contagio, y se encuentran aislados.
Más de un tercio de los inmigrantes indocumentados que murieron estando bajo custodia de ICE en este período fiscal, había tenido resultados positivos por COVID-19.
Tres muertes relacionadas con el virus se dieron en el centro de detención en Stewart, Georgia, donde el 21 de septiembre se registró el deceso del mexicano Cipriano Chávez Álvarez de 61 años.
En este centro también fallecieron el costarricense José Guillen Vega, de 70 años, y el guatemalteco Santiago Batel Oxlaj, de 34 años, también contagiados con el virus.
ICE tiene al menos 40 sitios de detención de inmigrantes, muchos de ellos operados por empresas privadas que, según los críticos, no cumplen con las normas gubernamentales para la custodia de individuos y grupos familiares.
“Por seis meses, los defensores de los inmigrantes han estado alertando sobre la amenaza que la COVID-19 representa para las personas detenidas, como asimismo para el personal que trabaja en estos centros”, sostuvo Andrea Flores, subdirectora de ACLU.
“La forma en que ICE maneja esta crisis refleja la profundidad de su indiferencia hacia la vida de los inmigrantes: desde las transferencias”, apuntaron.
Durante todo el año el Caucus Hispano del Congreso, grupos de derechos humanos, abogados de inmigración y activistas latinos han denunciado no sólo la política migratoria del presidente Donald Trump, sino también lo que han descrito como condiciones de hacinamiento y deficiente asistencia médica en los centros de detención.
ICE, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con un presupuesto anual de más de 7.600 millones de dólares, y unos 20.000 empleados, es una de las tres agencias claves en la aplicación de la política de Trump contra los inmigrantes.
“ICE tiene un largo historial de abusos, desde la separación deliberada de las familias a la discriminación racial y los allanamientos sin orden juficial”, afirmó el American Field Services (AFS), una organización cuáquera creada en 1917.
AFS, que ha iniciado una campaña pidiendo al Congreso la abolición de ICE, dijo que los legisladores que aprueban fondos para la agencia hace que ellos mismos, y todos los que pagan impuestos, sean “cómplices en las violaciones de los derechos humanos”. Info, Prensa Mexicana