Washington, 14 ago (EFE News).- Una propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump, que extiende el plazo para que quienes buscan asilo en Estados Unidos obtengan un permiso de trabajo, es un “ataque cruel” contra los inmigrantes, afirmaron este viernes activistas que concurrieron a un tribunal federal del distrito de Maryland.
“Esto es parte de la política de Trump de ataque contra quienes llegan al país, huyendo del suyo, y piden asilo. Esta propuesta, que entrará en efecto este mes, la firmó el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, quien no tiene autoridad para hacerlo”, dijo Conchina Cruz, directora del Proyecto de Defensa de Asilados.
Bajo el sistema que ha operado por años en EE.UU. una persona que solicite asilo y tramite un permiso de trabajo válido por 150 días debía tener una respuesta dentro de 30 días después de su solicitud. La nueva norma propuesta por el Gobierno de Trump extiende el plazo hasta 365 días.
Cruz se refirió a un informe legal divulgado hoy por la Contraloría General -agencia no partidista del Congreso que audita e investiga las actividades del Gobierno- según el cual las designaciones del secretario interino Wolf, y del subsecretario Ken Cuccinelli violaron las normas administrativas y son inválidas.
Kathryn Austin, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia al Refugiado, señaló que “el Gobierno federal no da ayuda alguna a quienes piden asilo, por lo cual el derecho a trabajar ha sido crucial para estas personas”.
“Esta dilación se suma a otros obstáculos que deben superar quienes buscan asilo, y no es sorpresa que la persona que firmó la medida no tenga un derecho válido al cargo que ocupa”, agregó Austin.
Los grupos coaligados en la querella contra Wolf en el tribunal de Maryland “desafían este último ataque contra quienes buscan asilo”, sostuvo Zachary Manfredi, abogado del Proyecto de Defensa del Asilado. “El Gobierno de Trump debe rendir cuentas a la ciudadanía y el Congreso ya que Wolf carece de autoridad para aplicar esta política cruel con acciones ilegales”.
La iniciativa “es especialmente cruel en el contexto de la pandemia”, señaló Nick Katz, gerente de servicios legales en CASA. “El gobierno ignora que estas personas necesitan trabajar, necesitan sustentarse después de haber huido de condiciones terribles en sus países.
“Este cambio en las reglas es coherente con los ataques contra los que piden asilo por parte de este Gobierno”, añadió. “El Gobierno de Trump usa el sistema de inmigración como arma”.
Los pedidos de asilo se gestionan con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), una agencia que financia 97 % de sus operaciones con las tarifas que cobra por sus servicios y que ha pedido socorro financiero de emergencia del Congreso después de que la pandemia de COVID-19 redujo sus recaudaciones.
Los “ataques” al asilo que mencionaron estos grupos incluyen la decisión del Gobierno que, desde febrero de 2019, rechaza a los solicitantes de asilo en la frontera y los devuelve a México o América Central, donde deben esperar a que se les notifique cuándo tendrán una audiencia que determine el destino de sus pedidos.
