México, 9 feb (EFE).- Los recursos legales que pueblos originarios han obtenido contra el Tren Maya, la obra prioritaria del Gobierno mexicano para el sureste del país, causan incertidumbre para las empresas constructoras.
Las dudas han arreciado tras confirmarse esta semana la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en el estado de Yucatán por un juicio de amparo que promueven pueblos originarios de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal.
El freno temporal afecta al tramo 3, cuya licitación ganó el 15 de mayo pasado un consorcio integrado por la española AZVI y las mexicanas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones por 10.192 millones de pesos (cerca de 509,6 millones de dólares).
Además, la consultora española de ingeniería UG21 anunció el 23 de julio que ganó un contrato para la supervisión técnica y verificación de calidad de la construcción de la plataforma y vía del Tren Maya desde Calkiní, Campeche a Izamal, lo que también corresponde al tramo 3.
En el contrato de 223 millones de pesos (11,15 millones de dólares) también participan las firmas Coniisa (Consultoría Integral en Ingeniería) e Ipimsa (Ingeniería de Proyectos e Infraestructuras Mexicanas), filial de Prointec (Grupo Indra).
El tramo 4, de Izamal a Cancún, incluye dos estaciones en Yucatán, las de Chichen Itzá y Valladolid, por lo que el freno también podría afectar las obras nuevas del Grupo ICA, que obtuvo por adjudicación directa el contrato por 27.000 millones de pesos (1.350 millones de dólares).
El Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de 6.294 millones de dólares, recorrerá cerca de 1.554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pero desde antes del arranque de las obras, en junio pasado, organizaciones civiles han presentado recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal, responsables de este amparo en Yucatán.
Por ahora, solo afecta a obras nuevas de Yucatán, aunque en diciembre comunidades originarias también obtuvieron un recurso legal para frenar construcciones del segundo tramo, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.
El tramo 2 se adjudicó el pasado 30 de abril al consorcio liderado por la mexicana CICSA y la española FCC, ambas controladas por el magnate Carlos Slim, por una oferta económica de 18.554 millones de pesos (unos 927,7 millones de dólares).
Pese a estos recursos legales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo público encargado de la obra, ha argumentado que no se ha confirmado “definitivamente ninguna suspensión al Tren Maya”.
En entrevista con Efe este domingo, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, manifestó que el Tren Maya terminará este 2021 con un avance del 30 % “a como dé lugar” (pase lo que pase).
También descartó afectaciones en otros tramos por estos amparos.
“No nos ha afectado porque mientras tengamos 1.500 kilómetros de trabajos y esto no esté generalizado sí ha sido muy puntual”, sostuvo. Info, Prensa Mexicana