Los Ángeles, 23 dic (EFE News).- A pesar de que 2020 trajo una de las más grandes victorias de los inmigrantes contra las duras políticas del presidente Donald Trump al ganarle en el Tribunal Supremo una demanda sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la pandemia del coronavirus ayudó a levantar el “muro invisible” que el republicano ha construido para reducir el ingreso de extranjeros a Estados Unidos.
Tras varios intentos de imponer las expulsiones expeditas de inmigrantes que ingresan al país de forma indocumentada, el Gobierno encontró en el Título 42 una norma que le ha permitido devolver a miles a sus países de origen durante el año.
La norma prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea por estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para eludir las medidas de control médico.
CIENTOS DE MILES EXPULSADOS POR LA COVID-19
Debido al SARS-Cov-2, el pasado 21 de marzo la Casa Blanca implementó en las fronteras con México y Canadá la medida avalada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Según los datos de las autoridades fronterizas entre marzo y septiembre de 2020 fueron expulsados 197.043 personas por la frontera sur bajo el Título 42, a lo que se suman los 119.409 expulsados entre noviembre y diciembre, sobrepasando los 315.000 enviados de forma expedita a México desde que comenzó la pandemia, entre ellos un gran número de solicitantes de asilo.
En medio de las protestas, los defensores de los derechos de los inmigrantes lograron que el 18 de noviembre un juez federal en el Distrito de Columbia detuviera provisionalmente la aplicación de la regla en el caso de los menores no acompañados.
No obstante, el Departamento de Justicia (DOJ) reconoció hace dos semanas que al menos 34 menores no acompañados fueron expulsados del país en “contravención” a una orden dada por el magistrado Emmet Sullivan.
CIENTOS DE FAMILIAS SIN REUNIFICAR
Estos no serían los únicos menores que el Gobierno Trump reconoció este 2020 fueron afectados por sus políticas. En octubre pasado el DOJ admitió ante una corte federal de San Diego, California, que 545 familias separadas por su política de “cero tolerancia” no habían podido ser reunificadas.
De esa cifra no se sabía del paradero de los padres ni de los niños de 362 familias. En el caso de las otras 183 solo se pudo ubicar a los niños. Informes posteriores advirtieron que el número de menores afectados podrían ser superior a 660.
El tema hizo parte del último debate de la campaña presidencial entre Trump y su rival, el demócrata Joe Biden. El republicano evitó contestar la pregunta directamente.
LOS SOÑADORES DERROTAN A TRUMP
A pesar de todos los golpes que ha dado Trump a los inmigrantes, este 2020 representó la mayor victoria de los indocumentados sobre el mandatario. El pasado 18 de junio el Tribunal Supremo falló una demanda en favor de los “soñadores” al concluir que la Casa Blanca no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando rescindió DACA el 5 de septiembre de 2017.
“La decisión del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) de acabar con DACA fue arbitraria y caprichosa”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, de tendencia conservadora, en un argumento al que se sumaron los cuatro jueces progresistas, incluida la recién fallecida Ruth Bader Ginsburg.
Dulce García, una de las seis soñadoras que demandó al Gobierno, dijo a Efe que la victoria demostraba que “en Estados Unidos nadie está por encima de la ley y que una indocumentada mexicana puede demandar al presidente y ganar”.
La Casa Blanca reinstauró el programa pero sin recibir nuevas solicitudes, y reduciendo el permiso de trabajo y el amparo a un año, entre otras limitaciones. Sin embargo una corte de Nueva York ordenó en noviembre pasado al Gobierno restablecer por completo el programa y recibir nuevas solicitudes.
No obstante, el programa aún deberá superar una demanda que se está litigando en una corte federal de Texas. La querella presentada en 2018 por una coalición de estados conservadores apunta a la creación del programa en 2012, advirtiendo que el entonces presidente Barack Obama excedió sus poderes ejecutivos y no cumplió con las regulaciones para establecer el beneficio.
En una audiencia este 22 de diciembre el juez federal Andrew Hanen no emitió ninguna decisión, dejando en vilo el amparo. El fallo del magistrado incluso podría afectar la capacidad del presidente electo, Joe Biden, para mantener el beneficio como lo prometió en campaña.
ASILO EN EE.UU. CASI IMPOSIBLE
Biden también tendrá que revertir una serie de políticas contra los inmigrantes impuestas este año. Un informe de agosto pasado del Migration Policy Institute (MPI) destacó que el Gobierno “ha emprendido más de 400 acciones ejecutivas sobre inmigración, abarcando todo desde la aplicación de seguridad fronteriza e interior hasta el reasentamiento de refugiados y el sistema de asilo, las deportaciones expeditas, los tribunales de inmigración y los procesos de investigación de antecedentes y visado”.
Buena parte de las nuevas políticas han sido retadas en cortes por los defensores de los inmigrantes, logrando detener la aplicación de medidas como el aumento de los costos de trámites de inmigración impuestos por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que hubiese entrado en vigor en octubre.
Sin embargo, el año termina con peleas judiciales que intentan detener medidas como la que limita aun más las concesiones de asilo o refugio, eliminando la elegibilidad para cualquier persona con una solicitud basada en género o violencia doméstica, o víctimas de pandillas, entre otras. Esta medida entra en vigor el 11 de enero.
El panorama no se muestra muy halagüeño en los primeros meses de 2021, especialmente para quienes buscan ingresar al país.
El mismo Biden ratificó este martes que no parará “inmediatamente” todas las restricciones al asilo creadas por Trump, porque ello generaría un repunte enorme en la migración de indocumentados hacia el país.
“Lo último que necesitamos es decir que vamos a parar inmediatamente el (sistema de) acceso al asilo tal y como se ejecuta ahora, y después acabar con dos millones de personas en la frontera”, dijo el presidente electo.
Aunque Biden no se refirió al Título 42, Tatiana Broff, consultora para temas regionales de Women”s Refugee Commission, valoró en una conferencia que “es la norma más problemática de derogar” porque mezcla la seguridad fronteriza con las medidas sanitarias para controlar la emergencia sanitaria de la covid-19.
“El equipo de transición de Biden se ha limitado a decir que revisará la orden de los CDC, pero no ha hecho ninguna referencia de modificarla aún”, explicó Broff. Info, Prensa Mexicana