Washington, 3 feb (EFE News).- Activistas y defensores de los inmigrantes expresaron hoy “desesperación” porque, a dos semanas de la investidura del presidente Joe Biden, su Gobierno no ha adoptado políticas concretas más allá de la revisión de aquellas que por cuatro años aplicó la Administración del hoy expresidente Donald Trump.
“Llevamos semanas diciéndole a la gente que tengan paciencia. No hemos visto cambios en la frontera. Hay personas que viven a escondidas; tienen miedo porque han sido víctimas de la violencia y eso no para porque la Administración tenga que hacer sus revisiones”, dijo en una teleconferencia Linda Rivas, directora ejecutiva de Las Américas Immigrant Advocacy Center, en El Paso, Texas.
El problema de la inmigración, que incluye la presencia en el país de unos 11 millones de indocumentados, compite ahora por la prioridad cuando Biden debe reactivar la economía en medio de una pandemia que ha causado más de 446.000 muertes y el Congreso está enzarzado en el segundo juicio político a Trump.
Grupos de activistas se congregaron hoy en Freedom Plaza, a dos cuadras de la Casa Blanca, y dieron testimonio de sus penurias en la travesía desde que escaparon de la violencia y la pobreza en sus países de origen hasta los campamentos junto a la frontera estadounidense.
El martes Biden firmó tres decretos sobre migración que “trajeron sentimientos de esperanza para miles de personas desesperadas, pero también un sentimiento de desesperación por conseguir pasos concretos que ayuden a las familias”, señaló Susie Haslett, directora de FWD.Us, un grupo en Brownsville, Texas.
“Urgimos al Gobierno a que implemente un plan para procesar a las familias víctimas del programa ‘Quédate en México’”, añadió Haslett.
Desde 2019, el Gobierno de Trump aplicó un Memorando de Protección a Migrantes (MPP), por el cual decenas de miles de personas que llegaron a la frontera sur pidiendo asilo han sido devueltas a México y América Central para que aguarden allá la conclusión de sus trámites.
El día de su investidura el 20 de enero, Biden firmó decretos que ofrecen una senda para la legalización y, eventualmente la naturalización, de unos 11 millones de indocumentados que ya están en el país, y de los beneficiarios de los programas Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS). Pero la política de Biden en materia de asilo no se ha definido aún.
Los decretos del martes “brindan la idea de restaurar el asilo en la frontera. No hay acciones extremadamente concretas y no sabemos cuándo esas medidas entrarán en vigor. Los primeros pasos deben poner fin al programa ilegal que es MPP”, dijo Laura Peña, abogada de inmigración en el Valle del Río Grande.
La vocera de la Casa Blanca, Jean Psaki, reconoció este martes que el Gobierno necesitará tiempo para “reparar el daño y las acciones horribles” de la Administración anterior en materia migratoria, y pidió paciencia porque “esto no ocurrirá de un día para otro”.
Ya en diciembre el entonces presidente electo Biden procuró atenuar las expectativas creadas durante la campaña por sus promesas de una política inmigratoria “justa y humana”, e indicó que había iniciado contactos con los Gobiernos de México y países de América Central para “mejorar las cosas, no para empeorarlas”.
“Lo último que necesitamos es decir que vamos a cancelar inmediatamente (las restricciones) al asilo que operan ahora, y que terminemos con dos millones de personas en nuestra frontera”, dijo Biden.
Por su parte, en una entrevista con Efe, Susan Rice y Jake Sullivan, designados como asesores de Biden en política nacional y seguridad nacional, indicaron que el nuevo Gobierno demoraría meses en restablecer los trámites de los pedidos de asilo en la frontera con México.
Los entrevistados advirtieron que “ahora no es el momento” para que los migrantes de América Central viajen hacia el norte, e intentaron contener el “efecto llamada” que podría generar entre los migrantes la Presidencia de Biden. Info, Prensa Mexicana