9/25/2017. El tiempo corre en contra del Partido Republicano. Los conservadores del Senado tienen hasta el 30 de septiembre para aprobar por mayoría simple su propuesta de ley que acabaría con la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama. Los republicanos se juegan su prestigio. Tras siete años prometiendo derogar Obamacare, las divisiones internas han impedido la aprobación de una contrarreforma. Ha habido dos intentos fallidos desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero. La última iniciativa carece por ahora de apoyos y se encamina a un nuevo fracaso.
‘Crueldad, incompetencia y mentiras’
La noche del domingo surgieron nuevos movimientos a la desesperada. Los impulsores de la propuesta de ley, los senadores republicanos Lindsey Graham y Bill Cassidy, anunciaron cambios que aumentarían la dotación presupuestaria para Alaska y Maine, dos de los Estados con senadores que no han garantizado su apoyo. Pero este lunes ya eran tres los senadores republicanos que anunciaron su rechazo, lo que impide que la ley se apruebe.
Los republicanos controlan 52 de los 100 escaños de la Cámara Alta. Solo pueden permitirse perder a dos senadores dado que el vicepresidente, Mike Pence, rompería un empate a 50 en su calidad de presidente del Senado. A partir de octubre, necesitarían 60 votos a favor para aprobar su propuesta de ley, según el reglamento de la Cámara, lo cual sería imposible dado el rechazo unánime de los demócratas.
Dos republicanos, el veterano John McCain y el libertario Rand Paul, ya han avanzado su oposición a la última norma. Tras los cambios anunciados, la moderada Susan Collins, de Maine, anunció el lunes que votará en contra. Y los senadores Ted Cruz y Mike Lee, del ala más derechista, han sugerido lo mismo. Incluso Trump ha parecido dar por muerta la ley al insistir en que su prioridad es aprobar una rebaja fiscal.
Los motivos de rechazo son diversos. Revelan el equilibrismo que debe llevar a cabo el partido para atajar su brecha interna y la enorme dificultad de modificar el complejo y caro sistema sanitario estadounidense. Algunos legisladores, como McCain y Collins, se oponen a la propuesta de ley (como ya hicieron en julio a una iniciativa parecida) porque consideran demasiado severos los recortes que causaría. Otros, como Paul o Cruz, lo hacen porque no va lo suficientemente lejos en eliminar burocracia y bajar costes.
La esencia de la última propuesta de Graham y Cassidy es la misma que las anteriores: reduce la expansión de Medicaid, el programa de asistencia pública para personas pobres o discapacitadas, y también de ayudas fiscales para la compra de seguros en el mercado creado por Obamacare.
Más recortes y menos requisitos
Pero va más allá en esos recortes y elimina muchos de los requisitos establecidos por la ley de Obama. Da dinero a los Estados para que decidan qué ayudas públicas dan a sus ciudadanos y les permite fijar sus propias condiciones de cobertura. La ley de Obama establece una asistencia mínima, por ejemplo en maternidad o servicios de psicología, y un máximo de gasto sanitario por paciente.
Sin embargo, la oposición demócrata, los Estados y asociaciones médicas y aseguradoras han criticado la iniciativa de Graham y Cassidy al considerar que disparará el número de personas sin seguro y dilapidará protecciones.
Obamacare, aprobada en 2010, impuso cambios estructurales al modelo sanitario estadounidense y dio cobertura médica a 20 millones de personas que no la tenían. Creó un mercado de compra de seguros para el 7% de la población (21,8 millones) que no obtiene asistencia médica a través de sus empleos o el Gobierno. También expandió Medicaid y creó reglas para impedir abusos.
Los republicanos consideran la ley actual un adalid de una excesiva burocracia e intervencionismo público. Esgrimen que el objetivo de su contrarreforma es bajar el coste de los seguros y aumentar la competencia. Con Obamacare, han subido los precios y ha caído la oferta de planes.