Miami, 29 dic (EFE News).- Activistas de Florida, un estado con un 20 % de su población inmigrante, se preparan para dar en 2021 sendas peleas en las cortes para “desmantelar” una ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis contra las ciudades santuario y en rechazo a la detención de inmigrantes en centros que, en su opinión, incumplen los protocolos contra la covid-19.
El próximo lunes comienza en una corte de Miami el juicio contra DeSantis por una ley que obliga a las policías y agencias locales a cooperar con las autoridades migratorias con fines de deportación de inmigrantes y que sanciona a las ciudades que adopten políticas “santuario”.
María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), será ese día la primera testigo llamada a declarar en un proceso que busca eliminar la medida que considera “dañina” y que entró en vigor en octubre pasado.
Esta ley fue una promesa de campaña del republicano DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, su padrino político.
UN DAÑO MORAL Y ECONÓMICO
“Estamos acostumbrados a que DeSantis persiga a los inmigrantes, pero ahora está persiguiendo y obligando a entidades, que se perjudican al tomar esta labor” migratoria, afectándolas “moral y económicamente”, se lamentó Rodríguez.
Detalló que la iniciativa “debilita” a estas autoridades, ya sean policiales, sociales y de toda índole, porque en vez de velar por sus funciones deben invertir parte de sus esfuerzos colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Subrayó que desde su entrada en vigor, la coalición ha recibido muchas llamadas de localidades que no quieren colaborar con Inmigración, como también denuncias de que departamentos de policías locales, como el de Jupiter, ciudad a unos 140 kilómetros al norte de Miami, está “parando” a inmigrantes para entregarlos a ICE.
Rodríguez dijo que en su comparecencia hablará del “patrón de racismo que motiva este tipo de legislación y que grupos de odio son los que la están promoviendo con un impacto que es discriminatorio”.
La jueza Beth Bloom, que presidirá el juicio, señaló recientemente en un fallo preliminar que los demandantes “ofrecen una amplia gama de pruebas” de que grupos “controvertidos” antiinmigrantes como la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) y el Centro de Estudios de Inmigración (CIS), participaron en la redacción de la ley.
En dicha decisión la jueza concedió a los demandantes una victoria inicial al señalar que es “inconstitucional” el transporte entre estados de inmigrantes indocumentados por parte de autoridades locales de Florida.
La ley, la SB 168, sancionada por DeSantis en 2019, fue demandada ese mismo año por FLIC y otros grupos como Farmworker Association of Florida (FWAF) y WeCount!.
DEMANDA COLECTIVA POR LA COVID-19
En abril próximo, otra corte de Florida examinará una demanda colectiva en favor de inmigrantes que han denunciado la falta de distanciamiento social y precarias condiciones de higiene pese a la pandemia en tres centros de detención de inmigrantes del sur de Florida: Krome, Broward y Glades.
Iliana Licea, madre de uno de los detenidos en Krome, dijo a Efe que solo en las videollamadas a su hijo ve a todos los detenidos “juntos”, sin máscaras y usando los mismos teléfonos para llamar.
Se mostró preocupada porque su hijo, Luis Pintueles, de 27 años, padece de sinusitis y tiene dificultades para respirar.
Lamentó que, pese a carecer de antecedentes criminales, no le dieron a su hijo la opción de esperar la decisión sobre el asilo fuera del dentro de detención.
Licea explicó que Pintueles, quien llegó a principios de 2019 con la idea de buscar asilo político, y otros cubanos fueron trasladados la semana pasada de Georgia a Florida para ser deportados este miércoles o jueves.
“Estamos encerrados un cuarto de tres por tres, no tenemos acceso a medicamentos, baño cada dos días… estamos perdidos”, dijo a Efe Fidel Padrón García desde Krome.
Subrayó que él, que está detenido desde hace 21 meses y ha sido trasladado tres veces, y otros 21 cubanos que llegaron de Georgia y Texas a Krome están “desesperados” y no quieren regresar a Cuba.
AL RUEDO UN E-VERIFY “DEBILITADO”
Por otro lado, este viernes, 1 de enero, entra en vigor en Florida una nueva ley que obliga a “los empleadores gubernamentales y las empresas privadas que hacen contratos con el gobierno” a verificar que sus empleados no sean indocumentados mediante el uso de la plataforma federal E-Verify.
Sin embargo, la nueva ley, una promesa de campaña del republicano DeSantis, es una versión más limitada del proyecto inicial que no va a tener gran impacto, según explicó a Efe Rodríguez.
“El gobernador logró pasar un proyecto de ley y nosotros (grupos proinmigrantes) logramos limitarlo”, precisó.
Tras la presión de grupos a favor de los inmigrantes, DeSantis y los legisladores estatales desistieron de incluir a “todas” las empresas privadas en la obligatoriedad de usar E-Verify.
Un revés similar enfrentó en 2011 el exgobernador Rick Scott, ahora senador, quien a través de una acción ejecutiva ordenó a que las agencias bajo su dirección usaran E-Verify para nuevos y antiguos empleados, pero a los pocos meses debió excluir a estos últimos.
El proyecto inicial del Legislativo de Florida, de mayoría republicana, fue criticado por los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción, que argumentaron pérdidas por hasta 253.500 empleos, según un informe del grupo proinmigrante FWD.us, divulgado previo a su aprobación y a la pandemia de la covid-19.
Basado en la premisa de que los “trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida”, el informe calculó pérdidas de 10.660 millones de dólares en ganancias y 1.250 millones en ingresos fiscales estatales y locales. Info, Prensa Mexicana