Atlanta (GA), 19 ene (EFE News).- Craig Owens, el nuevo comisario de Cobb, el tercer condado más poblado de Georgia, anunció este martes que ha puesto fin al controversial programa 287(g), que establece la cooperación entre las autoridades policiacas locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Cobb se convierte así en la segunda localidad de Georgia que suspende el acuerdo con ICE este año luego de que Gwinnett lo hiciera el pasado 1 de enero poco después de que Keybo Taylor juramentara como alguacil de ese condado, el más diverso del estado.
“He visto con mis propios ojos cómo este programa afecta a nuestras comunidades, creando desconfianza y haciendo que no se reporten los delitos”, declaró Owens en una rueda de prensa que realizó en conjunto con líderes comunitarios, que aplaudieron la decisión del demócrata.
Owens se convirtió en el primer afroamericano en ser electo comisario de Cobb tras ganar los comicios de noviembre, impulsado por una nueva ola de votantes de minorías, entre ellos hispanos, que lo apoyaron por su promesa de acabar con el polémico acuerdo de colaboración con ICE.
“Déjame ser claro: hay un nuevo día y una nueva era en el condado de Cobb”, declaró Owens, que derrotó al republicano Neil Warren, considerado uno de los comisarios “más duros” del país con los inmigrantes y un fiel defensor del programa 287 (g).
En 2007, con Warren al frente de la Oficina del Alguacil de Cobb, el condado se convirtió en el primero de Georgia en formar parte del 287(g).
El nuevo alguacil reconoció que el programa dejó de cumplir su intención inicial de detener a los criminales violentos y, como en muchas partes del país, acabó haciéndose perfil racial a conductores en paradas de tráfico, que se saldaron con la deportación de inmigrantes por infracciones menores.
“Gracias alguacil Owens por escuchar, eso ha sido la parte más importante para nosotros, su voluntad de abrir su mente y entender las necesidades de las comunidades de color”, declaró en la rueda de prensa Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR), una de las organizaciones que más combatido la 287(g) en el estado.
El 287(g) es una sección de la ley migratoria vigente, que permite a los gobiernos locales recibir fondos federales a fin de que puedan entrenar agentes para llevar a cabo funciones propias de la agencia federal, como verificar el estatus legal de los detenidos o entregarlos a ICE en caso sean migrantes indocumentados. Info, Prensa Mexicana