Chicago (IL), 24 mar (EFE News).- Cuatro mujeres indocumentadas, que se refugiaron en iglesias durante el Gobierno de Donald Trump y fueron multadas por cientos de miles de dólares por resistir la deportación, pidieron este miércoles al presidente Joe Biden que anule las sanciones económicas y suspenda las remociones de quienes viven en santuario.
“Por favor, ordene el fin de las represalias y que se nos deje en libertad de acción”, dijo en una videoconferencia de prensa la mexicana Vicky Chávez, quien ha vivido durante 38 meses amparada por la First Unitarian Church de Salt Lake City, Utah.
“Tengo fe en que con la ayuda de la Administración Biden voy a ser libre”, agregó, pero exigió urgencia en la solución del problema, porque ya han transcurrido dos meses del nuevo Gobierno y hay mucha gente en santuario “que todavía vive con miedo”.
El ministro de esa iglesia, Tom Goldsmith, informó que Chávez y “otras valientes mujeres” que han vivido en santuario durante muchos años decidieron demandar al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por sus “políticas crueles y de represalia”.
Informó que en el verano de 2019 varias activistas de alto perfil alojadas en santuarios fueron notificadas de la intención del ICE de cobrarles cientos de miles de dólares en multas a cada una, como parte de “la campaña sostenida por el Gobierno de Trump para acosar, castigar y demonizar a inmigrantes y defensores de los derechos de los inmigrantes en nuestra nación”.
Esas multas alarmaron a activistas, organizaciones de derechos civiles y congresistas, y desataron vigilias, protestas y la presentación de proyectos de ley privados en el Congreso en apoyo a las mujeres perseguidas.
“Debían callarse la boca, abandonar el santuario y presentarse para deportación, o enfrentar la ruina financiera”, lamentó el religioso, cuya congregación decidió apoyar la demanda de las mujeres. “La fe no puede ser pasiva; tiene que luchar junto con aquellos que enfrentan la tiranía de la injusticia”, expresó.
“Señor presidente, mientras esperamos su respuesta el ICE sigue haciendo lo mismo de siempre: torturando a la gente y amenazándonos con multas que jamás podremos pagar”, dijo en la videoconferencia otra de las demandantes, la guatemalteca Hilda Ramírez, quien ha vivido en santuario desde la Administración demócrata de Barack Obama (2009- 2017).
Su coterránea María Chavalán Sut, refugiada en la Iglesia Metodista de Charlottesville (Virginia) desde 2018, dijo que cuando duerme tiene pesadillas donde se le aparecen Trump y su exasesor Stephen Miller, y “me quieren arrancar el corazón”.
Edith Espinal, de origen mexicano, abandonó el 18 de febrero el santuario en la Iglesia Menonita de Columbus (Ohio), donde estuvo 1.935 días y llegó a realizar una huelga de hambre para llamar la atención sobre su caso. “Sigo luchando, pero ahora lo hago junto a los míos”, dijo.
David Bennion, abogado de Chávez e integrante del Free Migration Project, dijo que las multas que intenta cobrar el ICE pueden llegar al medio millón de dólares, con base en la sección 2740 del Acta de Inmigración y Nacionalidad promulgada en 1952. Establece que a quienes se les ha ordenado la deportación y no se han ido se les puede imponer una multa civil diaria de 799 dólares.
Según el abogado, el cobro de la multa formó parte de un “plan diabólico” del exasesor presidencial Miller para recaudar dinero que se usaría para financiar parte del muro que Trump trató de construir a lo largo de la frontera con México. Info, Prensa Mexicana