Guadalajara (México), 11 sep (EFE).- El caso de una menor que sufrió abusos sexuales por parte de un funcionario de Puerto Vallarta ha aumentado la preocupación por las redes de trata y prostitución infantil en este balneario mexicano frecuentando por extranjeros, ante la inoperancia de las autoridades.
En Puerto Vallarta, en el estado mexicano de Jalisco, existen redes locales dedicadas a la explotación sexual infantil que junto con organizaciones internacionales de trata de mujeres que ahí operan, han hecho de este balneario en el occidente del país un destino de turismo sexual.
A finales de julio, una niña de diez años fue abusada sexualmente por un funcionario municipal de esa ciudad, que fue encontrado ‘in fraganti’ con la menor desnuda y sometida en su vehículo.
Esta caso reabrió la preocupación de colectivos de apoyo a mujeres ante la existencia de redes de prostitución infantil en el puerto que funcionan cobijadas por la inoperancia de las autoridades locales y federales.
LA DOBLE CARA DE VALLARTA
Sandra Quiñones es coordinadora en Puerto Vallarta del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y aseguró este viernes a Efe que el balneario es conocido por la belleza de sus playas, pero también se ha popularizado como un lugar donde los turistas acuden para pagar servicios sexuales de niñas y jóvenes.
La abogada lleva la defensa de la menor de 10 años (cuya identidad no ha sido dada a conocer) y asegura que en el caso hay indicios de que el funcionario Luis Alonso “N” había abusado de otras menores posiblemente como parte de alguna organización dedicada a la pedofilia.
“Lo que sucedió no es un hecho aislado, ya la tenía estudiada, la estaba esperando como toda conducta pedófila. Corroboramos que no es la primera niña que es agredida por esta persona, hay muchas cosas que nos empiezan a decir que hay un patrón y detrás de eso hay cuestiones que nos preocupa porque igual puede ser una punta”, dijo.
El Diagnóstico Nacional sobre la Trata de Personas en México de 2014 señala a las ciudades turísticas de Acapulco y Puerto Vallarta como polos de atracción de trata de personas con fines de explotación sexual y en donde han sido denunciadas redes de explotación sexual infantil, pornografía infantil y turismo sexual.
EL MODUS OPERANDI
Quiñones y otras activistas han comprobado que en el puerto opera una organización local que, con la ayuda de chóferes de transporte público y vendedores ambulantes, privan de la libertad por unos días a niñas entre 13 y 17 años con ciertas características para obligarlas a dar servicios sexuales a turistas y locales.
De hecho, en julio de 2018 se liberó a 28 menores de edad y se detuvieron a cinco personas -entre ellas varios taxistas- al desmantelar una red de trata.
Las menores son capturadas por hasta dos semanas y llevadas a algún lugar del puerto sin su consentimiento donde son drogadas para prostituirlas. Entre menos experiencia sexual tenga, mayor es el cobro por cada encuentro sexual, explicó la abogada.
“Se llevan a la chica, la mueven 3 o 4 veces a consumidores nacionales y locales en pequeños hoteles, picaderos (lugares donde se consume droga) o en casas de huéspedes por entre 400 (entre 18,6 dólares) y 600 pesos (unos 28 dólares). Preguntan cuántas veces han tenido sexo y en función de eso está el cobro”, apuntó.
Estas redes locales sirven como vínculo con las organizaciones internacionales que “son más cuidadosas en la operación” y tienen más recursos para la renta de casas o lugares específicos donde se realizan “fiestas” donde los turistas pueden comprar mujeres que son traídas de otros lugares.
AUTORIDAD OMISA
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) advirtió en un informe especial en 2019 que “el foco rojo” de Puerto Vallarta “es la trata de personas” y denunció que las autoridades locales no habían realizado acciones necesarias “para cumplir los requerimientos de la alerta de género”, un mecanismo de protección hacia las mujeres desde el gobierno federal y estatal.
María Antonia Chávez, presidenta de la organización internacional Observa La Trata, dijo a Efe que no es la primera vez que un hecho de esta naturaleza sale a la luz y recordó el caso de Thomas White, un estadounidense que durante 7 años abusó y facilitó la prostitución de menores de edad en su casa de Puerto Vallarta.
En todos estos años, las autoridades locales y nacionales no han implementado estrategias de prevención y tampoco han investigado los casos que han sido dados a conocer por medios de comunicación, expresó la experta.
“Entre estos delitos hay complicidad y de corresponsabilidades de funcionarios. A lo largo del país y particularmente en Puerto Vallarta, hay estas formas tan naturales al ejercicio de un acceso a la justicia fallido”, afirmó.
Las especialistas aseguraron que el caso de abuso de la menor de 10 años ha servido para que la sociedad presione a las autoridades para que se investigue y castigue este problema.
“Tuvieron que aceptar que Vallarta tiene un problema de trata. Por años hemos estado tratando de que se reconozca esta situación, que se estructuren políticas públicas y acciones para prevenir y que en las investigaciones de menores reportadas como no localizadas se sospeche de trata y tenga otro sesgo”, aseguró.
Efe contactó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, cuya vocera explicó que este asunto compete a las autoridades federales y los policías municipales sólo funcionan como el primer contacto con la víctima y aseguran al agresor.
Ana Quintero Solís, delegada institucional de la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Puerto Vallarta afirmó a Efe que no tienen conocimiento de casos de niñas que sean obligadas a prostituirse, si bien cuentan con 120 expedientes abiertos de abuso sexual infantil en el municipio cuyo agresor suele ser un conocido.
Finalmente, detalló que el DIF cuenta con un programa de prevención del abuso sexual de menores en el que ofrecen capacitación a hoteles y prestadores de servicios turísticos para evitar el turismo sexual.
Info, Prensa Mexicana
