Los Ángeles, 22 jun (EFE).- El programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino el desarrollo de sus casos, está lejos de llegar a su fin incluso si el Tribunal Supremo falla en contra de los estados republicanos que pretenden mantenerlo en pie, advierten expertos.
Se espera que el máximo tribunal estadounidense entregue este verano su decisión en la batalla legal emprendida por los estados de Texas y Misuri, la cual obligó al Gobierno del presidente Joe Biden a revivir en diciembre pasado la iniciativa, remanente del Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021).
El fallo se podría conocer tan pronto como este jueves 23 de junio, cuando el Trubunal Supremo tiene programado entregar varias decisiones.
Ante tal expectativa, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió en un reciente análisis que incluso si la Administración de Biden gana el caso “eso no significa que ‘Quédate en México’ terminará, ya que el tribunal inferior tendría que considerar el memorando de octubre de 2021”.
UNA LUCHA QUE NO TERMINA
La batalla legal por MPP comenzó después de que Biden rescindiera la política a pocos días de llegar a la Casa Blanca en enero de 2021.
Pero en agosto pasado, el juez federal Matthew Kacsmaryk, en Texas, dictaminó que la decisión del mandatario violaba la ley de inmigración. También señaló que la Administración no había explicado de manera adecuada sus razones para cancelar MPP.
Como parte de los esfuerzos para poner fin al programa y responder a las objeciones judiciales, el pasado 29 de octubre el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió un memorando explicando las razones por las que se pondría fin a MPP.
Argumentó que había fallas en el proceso y falta de “protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley”, coincidiendo con las razones que los defensores de los inmigrantes han expuesto contra el programa.
Mayorkas añadió que los pocos beneficios de MPP no justifican los costos de la ejecución del programa.
Pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos también dio la espalda a la Administración demócrata al rechazar en diciembre pasado los intentos para detener la aplicación de MPP. Tampoco consideró el memorando de Mayorkas expedido en octubre.
Este año el Gobierno de Biden tuvo que recurrir al Tribunal Supremo para que escuchara el caso de forma acelerada. En abril pasado las partes presentaron sus argumentos ante los nueve magistrados.
Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración, explicó que si el máximo tribunal toma una decisión favorable a la Administración “probablemente enviaría el caso nuevamente a los tribunales inferiores” para determinar si el intento de Mayorkas de finalizar el programa fue adecuado.
“Sería una victoria, pero aún no terminaría el programa. Texas seguiría luchando”, opinó el experto al explicar los diversos escenarios que enfrenta MPP.
LOS ÚLTIMOS LLAMADOS Al TRIBUNAL SUPREMO
También existe la posibilidad de que el Tribunal Supremo falle en favor de Texas y Misuri. Por eso los defensores de inmigrantes no han cesado sus llamados a los nueve jueces para que decidan del Gobierno.
El martes un grupo de activistas del movimiento Families Belong Together, que aglutina a grupos que luchan contra la separación de familias inmigrantes, se manifestaron frente al máximo tribunal.
“Estamos hablando de personas vulnerables: madres, padres y miles de niños que simplemente buscan una oportunidad justa para que su caso sea escuchado”, dijeron en su mensaje los activistas, que cuestionan la efectividad de MPP al recordar la primera etapa.
Al respecto, Reichlin-Melnik, recordó que los inmigrantes puestos bajo MPP entre enero de 2019 y enero de 2021 enfrentaron enormes dificultades para presentar sus casos debido a que había pocos abogados en Estados Unidos que pudieran brindar asistencia legal a los solicitantes de asilo que estaban en México.
Casi 95 % de los cerca de 70.000 solicitantes bajo la primera aplicación de MPP no pudieron encontrar un abogado, un problema que también se estaría presentando en la nueva fase del programa.
Un reporte reciente del centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse encontró que “sólo 27 de los 5.100 solicitantes de asilo en la segunda etapa de MPP han recibido asilo u otras formas de apoyo hasta el momento”.
Los 27 favorecidos representan el 0,53 % de todos los expedientes abiertos por las autoridades federales de inmigración en la frontera con México en la nueva versión de “Quédate en México”.
TRAC señaló que el pobre resultado de casos ganados se debe “a las bajas tasas de representación y las audiencias aceleradas”.
El Gobierno Biden estableció un plazo de 180 días para finalizar los casos, que según TRAC ha estado cumpliendo.
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