Tucson (AZ), 21 ene (EFE News).- Activistas “soñadores” (beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA) esperan que la nueva Administración del presidente estadounidense Joe Biden tenga un “plan concreto” para impulsar y defender su propuesta de reforma migratoria, y si bien aplaudieron las medidas anunciadas para proteger a la comunidad inmigrante, aseguran que no bajarán la guardia y seguirán luchando.
Erika Andiola, joven soñadora quien formó parte del equipo de la campaña por la Presidencia de Bernie Sanders en 2016, calificó de “primer paso positivo” que la nueva Administración haya presentado ya su propuesta de reforma migratoria.
Andiola aplaudió la serie de medidas anunciadas ayer mismo por Biden, entre ellas la suspensión de las deportaciones por 100 días, el reforzamiento de DACA y la suspensión del programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que envía a quienes buscan ingresar a Estados Unidos a aguardar en México la resolución de sus procesos migratorios.
Sin embargo, la activista expresó cautela sobre cómo serán implementadas estas medidas y de qué manera se planea luchar por obtener la reforma migratoria y que no se repitan las desilusiones el pasado.
“No queremos que la Administración Biden solo envíe la propuesta al Congreso y ya, sino que trate de todas las maneras posibles de que se apruebe una legislación”, dijo la activista, quien reconoció que la aprobación de una reforma enfrentará una duro camino cuesta arriba.
Recalcó la necesidad de conseguir el voto favorable de 10 senadores republicanos para su aprobación.
Para Andiola, la lucha por una reforma migratoria es personal, ya que está en juego el destino de su madre, quien en 2013 durante la Administración del presidente Barack Obama fue arrestada por agentes de inmigración, enfrentando desde entonces un proceso de deportación.
“Como muchos otros inmigrantes, mi madre está muy entusiasmada con la idea de una reforma migratoria en el Congreso. Como ella hay millones de personas que tienen la esperanza de vivir en este país sin miedo, con un permiso de trabajo. Por eso esperamos que esto no sea solo una promesa, sino que tengan un verdadero plan para aprobarla”, dijo.
Este plan les otorgaría un estatus temporal por cinco años, después la residencia legal por tres años, para después poder aspirar a la ciudadanía.
La iniciativa podría sacar de las sombras a más de 11 millones de indocumentados que se calcula viven en este país.
La última vez que el Gobierno de Estados Unidos aprobó una reforma migratoria fue en 1986, la cual otorgó un estatus migratorio primordialmente a los trabajadores del campo.
Respecto a la suspensión de las deportaciones por 100 días, Andiola dijo que su preocupación es el lenguaje en la propuesta que indica que se analizarán “alternativas a una deportación”, lo que teme se podría reflejar en más inmigrantes en centros de detención.
“La orden no dice nada sobre las redadas y detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que quiere decir que esta agencia podrá seguir haciendo redadas a pesar de la pandemia de covid-19”, dijo.
Andiola considera que la Administración Biden no debe caer en la misma “retórica” de deportar personas con “historial criminal” sin tomar en cuenta las serias fallas del sistema que ha criminalizado a la comunidad inmigrante por el solo hecho de trabajar con un número de Seguro Social que no les pertenece.
También sostiene que el Gobierno debe estar preparado para utilizar otros recursos ejecutivos para proteger a los inmigrantes y otorgarles un estatus temporal en caso de que fracase la propuesta de reforma.
“En general podemos decir que (la iniciativa) es un gran progreso y refleja el gran trabajo que muchas organizaciones y la comunidad ha hecho para luchar contra las deportaciones. Seguiremos contando las historias de aquellos que sean el blanco del ICE. Sabemos que al final serán el ICE, la Patrulla Fronteriza y la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quienes aplicarán estos cambios y por eso debemos estar vigilantes”, manifestó.
Otra que aplaudió la propuesta de reforma migratoria fue Karina Ruiz, presidenta de la Coalición del Acta del Sueño en Arizona. Sin embargo, no está satisfecha de que los inmigrantes tengan que esperar ocho años para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos y poder votar.
“Tenemosmás de 20 años esperando una reforma migratoria; creo que deberíamos estar hablando de una residencia legal directa”, dijo Ruiz a Efe.
Indicó que actualmente un inmigrante que se casa con un ciudadano solo tiene que esperar tres años para hacerse ciudadano a su vez, y considera que a la propuesta de Biden debe dar este mismo beneficio.
“Si nos podemos hacer ciudadanos en tres años, podremos participar en las elecciones de 2024, cuando nuevamente estará en juego el destino de nuestras comunidades”, argumentó.
“Nuestro mensaje es muy claro para la Administración del presidente Biden: No vamos a esperar, queremos que cumpla con sus promesas y ayude realmente a nuestra comunidad”, finalizó Ruiz. Info, Prensa Mexicana
