Nueva York, 2 feb (EFE News).- Una coalición de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, pidió este martes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que no deporte y que deje en libertad a los inmigrantes del Centro Residencial Familiar en Diley, Texas, que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.
La deportación de estas familias y sus hijos, algunos de hasta tres años, podría ocurrir tan pronto como mañana, de acuerdo con un comunicado conjunto de las organizaciones proinmigrantes y de derechos civiles y humanos, que recuerdan que serán regresados a sus países luego de haber sido detenidos hasta por 18 meses y sometidos a “inhumanas y crueles” políticas de la Administración del hoy expresidente Donald Trump.
Se refieren en particular a la política anunciada el año pasado de que el Gobierno rechazaría las peticiones de asilo de extranjeros que en su camino a EE.UU. hayan pasado por un tercer “país seguro” y no realizaron esa solicitud en esos países primero.
Los grupos hicieron el reclamo en una carta enviada al director interino del DHS, David Pekoske, en la que piden que las familias en dicho centro de detención familiar no sean enviadas a los países de los que salieron en busca de seguridad.
“Estas familias deberían ser bienvenidas en nuestras comunidades y tener una justa y humana oportunidad de solicitar asilo. Bajo la nueva Administración tenemos la oportunidad de actuar con humanidad, compasión y respeto hacia gente que busca seguridad, incluidos niños, en lugar de volver a situaciones mortales y peligrosas”, indica en el comunicado Denise Bell, investigadora de derechos de refugiados y migrantes de Amnistía Internacional.
Igualmente los grupos hicieron un llamado al DHS a tomar pasos “de inmediato” para asegurar que estas familias permanezcan juntas y en libertad en EE.UU.
También afirman que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmado hoy por el Senado, debe comprometerse a dejar atrás las políticas antiinmigrantes de la pasada Administración.
“El Departamento debe actuar inmediatamente para liberar la gente, incluyendo las familias, poner fin a las detenciones de familias y asegurar que la libertad es una presunción, no una detención de inmigración”, afirmaron.
Tras su investidura el 20 de enero, el nuevo presidente Joe Biden ordenó una pausa de 100 días en las deportaciones, pero el martes 26 el juez federal Drew B. Tipton detuvo la aplicación a nivel nacional de la orden presidencial después de una petición en ese sentido del estado de Texas.
En sus primeras medidas ejecutivas, Biden también prometió una reforma integral del sistema de inmigración que incluiría una senda hacia la residencia legal permanente y la ciudadanía a los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), como asimismo para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Se espera que Biden ordene este martes la formación de un grupo de trabajo que tendrá por objetivo reunificar a los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera bajo el Gobierno de Trump.
Esta iniciativa formará parte de un paquete de órdenes ejecutivas sobre inmigración que Biden firmará por la tarde en la Casa Blanca y que buscan revertir el legado de Trump. Info, Prensa Mexicana
