Nueva York, 31 mar (EFE News).- La Corte Suprema de Nueva Jersey ha dictaminado que los jueces no pueden detener a un inmigrante indocumentado para evitar que se ejecute una orden de deportación, sino solo con base los méritos de los cargos en su contra.
Los jueces ratificaron así la decisión de una corte menor del estado que había determinado que los magistrados deben basar su decisión de retener a un acusado pendiente de juicio en lo que estipula la ley de reforma de justicia criminal y no en su estatus migratorio, de acuerdo con el portal mycentraljersey.com.
La decisión de la Corte Suprema, de 5-2, surgió del caso del inmigrante Oscar López Carrera, un guatemalteco que el 12 de junio de 2019 fue acusado de intento de asalto sexual de un menor e intento de contacto sexual, que fue dejado en libertad porque no tenía antecedentes criminales.
Un año después, el 9 de junio de 2020, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó a la fiscalía del condado de Somerset, donde se llevaba el caso, que el inmigrante sería deportado porque había perdido su apelación en la que pidió que no fuera expulsado hasta que su situación legal se resolviera.
La fiscalía entonces sometió un recurso para intentar revocar su libertad y que regresara a prisión para enfrentar el juicio, pero un juez de la Corte Superior lo denegó, señala además el periódico digital.
Aunque López Carrera ya no está en este país, la Corte Suprema vio el caso porque “plantea un tema de gran importancia pública que probablemente se repita”.
En su dictamen el tribunal también señaló que sería mejor que el ICE se abstenga de deportar sospechosos mientras los cargos estén pendientes en un tribunal y que trabaje con la fiscalía para permitir que el caso se resuelva.
También mencionó que al aprobar la reforma de justicia criminal la legislatura de Nueva Jersey no abordó asuntos de inmigración en esa ley.
Sin embargo, el juez Barry Albin disintió de sus colegas en la Corte Suprema al señalar que con su decisión la corte está negando el derecho a las víctimas de ver que un acusado de crímenes graves, sea o no ciudadano, sea llevado ante la justicia.
Señaló en su decisión que las “consecuencias duras e inquietantes” del dictamen significan que “los acusados no tendrán que responder por los crímenes de los que se les acusa”. Info, Prensa Mexicana
