Washington, 20 ago (EFE News).- Más de 1,23 millones de extranjeros tienen sus casos pendientes en tribunales de inmigración como resultado del cierre parcial de oficinas por la pandemia de COVID-19, y mientras siguen acumulándose los procesos deberán esperan meses y aun años para completarlos, informó este jueves Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
El grupo de recolección y análisis de datos en la Universidad Syracuse, de Nueva York, indicó que la finalización de trámites llegaba a unos 40.000 por mes antes de que en marzo empezara la reducción de actividades, y en abril la cifra bajó a unos 6.000.
“En julio solo se completaron 5.960 casos”, señaló TRAC. En ese mes hubo adjudicaciones de trámites en 196 localidades “y la mayoría de estas solo completaron unos pocos casos, mientras que apenas una docena de localidades completaron por lo menos 100 casos”.
La organización detalló que de esa docena de sitios solo cinco fueron audiencias realizadas donde el Gobierno mantiene detenidos a más de 21.000 indocumentados que aguardan sus audiencias de deportación o liberación.
“Los otros sitios donde hubo audiencias de un tribunal de inmigración fueron para atender, a veces, todo tipo de casos, y en otras ocasiones para ocuparse exclusivamente de casos de detenidos”, añadió.
Por contraste entre abril y julio los tribunales de inmigración acusaron el recibo de 111.752 citaciones de comparecencia mientras que otros 347.450 inmigrantes siguen a la espera de su primera audiencia ante uno de esos tribunales.
Entre los sitios donde hubo audiencias Miami (Florida) encabeza la lista con 216 casos adjudicados, y solo una localidad más, Baltimore (Maryland) completó al menos 200 casos en julio.
En la lista siguen Chicago (Illinois) con 191 casos; la ciudad de Nueva York con 189; Laredo (Texas) con 147; y Los Ángeles (California) con 144.
Por su parte la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ha denunciado que el Departamento de Justicia procura silenciarlos después que el gremio de los magistrados inició una demanda legal contra las medidas de esa dependencia federal.
NAIJ ha denunciado que el Gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto a los jueces cuotas de casos que deben resolver cada año, lo cual, sumado al impacto de la pandemia de COVID-19 en el funcionamiento de las agencias, ha resultado en un manejo inadecuado de los casos ante los tribunales.
Un número creciente de jueces de inmigración se jubila o renuncia, a un ritmo no visto en más de dos décadas, y son sustituidos por magistrados con poca experiencia en la materia, según otro informe de TRAC.
“Durante el periodo fiscal 2019, que concluyó en septiembre pasado, una cifra sin precedentes de 35 jueces dejaron los tribunales”, añadió TRAC. “Esto se compara con el récord anterior marcado en el período fiscal 2017, cuando 20 jueces dejaron los tribunales y 27 se fueron en el período fiscal 2018”.
El ritmo de las salidas es el mayor desde que los registros comenzaron en 1997.
Actualmente solo uno de cada tres jueces en los tribunales de inmigración ha estado en esos puestos desde el período fiscal 2019, en tanto que 48 % de los jueces que hoy atienden casos de inmigración fueron designados en los últimos dos años y medio.
El 64 % de los jueces que actualmente manejan los casos de inmigración fueron designados desde el período fiscal 2017, esto es desde el final de la Administración del presidente Barack Obama.
“Mientras el sistema de tribunales de inmigración sigue perdiendo a muchos de sus jueces más experimentados, el atraso de casos sigue creciendo y es ahora tres veces más voluminoso que cuando el presidente Donald Trump inició su gestión” en enero de 2017, añadió TRAC.
